LA NACION
Un relevamiento muestra que hay un creciente interés por adoptar conductas responsables y un escaso conocimiento del mundo de negocios con propósitos socioambientales; cómo se divide la sociedad según las actitudes personales.
¿Una persona que intenta ser correcta, con la intención de minimizar el daño al menos con algunas acciones, como la de separar los materiales reciclables para que no vaya todo a la misma bolsa de residuos? ¿O alguien que, más allá de esas acciones, ya adoptadas como naturales e inevitables, trata de generar conciencia y cambios de conductas en otros? ¿Un consumidor que busca estar informado de quiénes y cómo fabrican lo que compra? ¿O un habitante de este mundo que cree que de ciertas cosas “mejor que se ocupen otros” o que, de hecho, “ya alguien se estará ocupando”?
En definitiva, ¿cuál es nuestra actitud frente al impacto que podemos generar en la vida de otras personas y en el medio ambiente a partir de las decisiones que tomamos, ya sea con respecto a una compra, a una inversión o al uso de un bien o servicio? Sobre esa cuestión se propuso indagar un relevamiento de la consultora Trendsity, que incluyó entrevistas online en 2020 a 1000 personas de entre 16 y 65 años (200 por país) de la Argentina, Perú, Chile, México y Colombia.
Una de las conclusiones es que el concepto de una economía “de triple impacto” está todavía muy poco instalado y que, en todo caso, aparece como algo que buena parte de la población asocia a lo ambiental, pero no mucho a lo social y a lo económico. Y lo que se propone esa manera de pensar y de concretar las acciones de la economía (desde los procesos de producción y de venta, hasta las etapas de consumo y posconsumo, incluyendo la pata de las finanzas) es, en rigor, que se generen de manera integrada efectos positivos para la naturaleza, para el bienestar de las personas y para los números de las empresas.
Entre quienes respondieron a la encuesta, un 45% dijo no haberse cruzado nunca con la expresión “economía de triple impacto”, mientras que un 33% afirmó que sí la había escuchado, pero admitió no saber de qué se trata. Otros 13 de cada 100 respondieron que “creen saber” el significado, y solo 2% se mostró “muy familiarizado” (otro 7% dijo estar “poco familiarizado”).
“Las empresas de triple impacto son organizaciones que persiguen un propósito como una ONG, pero que operan dentro del mercado como una compañía tradicional, sin ser ni una cosa ni la otra”, define Francisco Murray, director ejecutivo de Sistema B Argentina, el capítulo local de una organización global que otorga certificaciones, tras evaluar propósitos y comportamientos, a unidades de negocio con esas características (el uso de la letra B proviene de las Benefit Corporations de Estados Unidos).
Claro que conocer o desconocer un concepto puede no estar vinculado con el propio comportamiento en cuestiones como el cuidado ambiental. Y en relación con ese aspecto, el trabajo de Trendsity ubica a las personas en cinco segmentos.
En el rincón de los “embajadores” está el 19% (en una edición de la encuesta de 2016 habían representado el 11%). Son los que buscan generar conciencia en otras personas, porque se sienten responsables y conciben que los actos personales impactan en el planeta. Entre otras cosas, muchos hacen compost de residuos orgánicos o preparan botellas de amor (plásticos tradicionalmente de un solo uso, que se compactan dentro de una botella para que sean luego utilizados en procesos productivos), y participan de marchas y reuniones sobre estos temas.
Los “nativos sustentables” (35% de los encuestados en 2020 y 31% en 2016) se caracterizan por ser responsables con sus actos y por estar informados. El 26% de este grupo hace compost (entre los embajadores, el 45%). El 40% busca datos sobre su huella ecológica y un porcentaje similar se informa sobre las acciones que hacen las empresas.
En el tercer grupo están los “followers” (32% el año pasado y 17% un lustro atrás). Son los del “punto medio” en la escala propuesta por Trendsity. No se apasionan por ser generadores de un cambio hacia lo sustentable, pero son respetuosos del entorno, sobre todo con acciones que no les signifiquen demasiado esfuerzo. Uno de los pensamientos detectados en esta parte de la población es la creencia de que las acciones para un consumo y una conducta responsables frente al medio ambiente “deberían estar regladas”, para que todos nos comportemos de igual manera y, entonces, se genere una diferencia. Al igual que en los dos grupos anteriores, aquí ocho de cada diez personas separa los residuos y un tercio usa bicicleta o camina para hacer trámites, en tanto que 70% asume prácticas de reciclaje o reutilización.
Entre quienes son “buenos vecinos” (12% en 2020 –17% si se mira solo el dato de la Argentina– y 36% en 2016), el índice de los que reciclan cae a 45% y el de los que separan residuos, a 50%. Las personas de este grupo muestran disposición a adoptar prácticas sustentables si ven un beneficio tangible; por ejemplo, si perciben un ahorro económico por comprar envases retornables.
Finalmente, en el otro extremo de los “embajadores” están los “distantes” (2% en 2020 y 5% en 2016), que consideran que tienen hábitos arraigados que no cambiarán y que no se ven movilizados frente a acciones dañinas para el planeta. De todas formas, un 39% separa los residuos y, quizá en línea con un pensamiento de que la conducta de otros tiene más responsabilidad que la propia, un 25% dice interiorizarse sobre las acciones de las empresas.
Una conducta vinculada con interesarse con lo que hacen las empresas puede ser observar la información que dan los envases. ¿Qué miran los consumidores? Según la encuesta, la gran mayoría, la fecha de vencimiento (81%) y la cantidad de producto (58%). Y en menor medida: que el packaging sea reciclado o reciclable (21%), que sea un producto orgánico (21%), que no haya testeo en animales (17%), y que esté el sello de empresa B (10%).
Más allá de esa certificación B, las empresas de impacto en la Argentina están impulsando la aprobación de una ley que las reconozca con una identidad jurídica, la de “sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)”. El proyecto, presentado en el Congreso por diputados de Juntos por el Cambio, no contempla incentivos fiscales y propone que “se les otorgue un reconocimiento legal a emprendedores y empresas, para que tengan protección y puedan perseguir libremente su propósito”, según define Murray. Esa “protección” valdría ante posibles conflictos por decisiones de negocios que asignan un determinado valor a factores (sociales y ambientales) que van más allá de la rentabilidad entendida en términos tradicionales.
“Un mayor conocimiento de este tipo de empresas va a generar una mayor conciencia en el consumidor y en los distintos actores del mercado –agrega Murray–, y va a inspirar a empresas tradicionales a transitar el camino del triple impacto”.
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